El año 2026 se presenta como un ejercicio clave en la evolución del marco normativo de la gestión mercantil, tanto en España como en la Unión Europea. Las reformas previstas y en curso configuran un entorno empresarial más exigente en materia de gobernanza, sostenibilidad, transparencia y cumplimiento normativo, con impacto directo en la gestión y en la toma de decisiones estratégicas.
Uno de los cambios más relevantes en el ámbito corporativo es la aplicación progresiva de la Ley Orgánica 2/2024, que transpone la Directiva (UE) 2022/2381 sobre representación equilibrada en los órganos de administración. Esta normativa impone objetivos obligatorios de presencia paritaria de mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas y en determinadas entidades de interés público, con plazos escalonados. En particular, las sociedades de mayor capitalización deberán alcanzar un mínimo del 40 % del sexo infrarrepresentado antes del 30 de junio de 2026, ampliándose los plazos para el resto de cotizadas y para otros órganos directivos. La reforma refuerza el gobierno corporativo y exige una planificación anticipada de los procesos de selección y nombramiento.
En paralelo, la sostenibilidad corporativa y la diligencia debida adquieren un papel central. La Directiva europea sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa (CS3D) ha ajustado su calendario, con transposición prevista para 2027 y entrada en vigor progresiva a partir de 2028. No obstante, su contenido anticipa un cambio estructural: las grandes empresas deberán implantar sistemas internos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, tanto en sus propias operaciones como en sus cadenas de suministro. La diligencia debida deja así de ser una cuestión reputacional para convertirse en una obligación jurídica con consecuencias sancionadoras.
A nivel interno, también se han introducido novedades relevantes en materia de información y rendición de cuentas. Los nuevos modelos de presentación de cuentas anuales y consolidadas ante el Registro Mercantil, ya en vigor, incorporan el Identificador Registral Único (IRUS) y la adaptación obligatoria al CNAE 2025. Estos cambios, de carácter técnico, obligan a revisar los sistemas contables y de gestión de datos, con un impacto operativo especialmente significativo para medianas y grandes empresas.
Finalmente, en el plano europeo, continúan los trabajos orientados a una mayor armonización del derecho de sociedades, incluyendo propuestas para la creación de una forma societaria común que facilite la actividad transfronteriza dentro de la Unión. Aunque estas iniciativas se encuentran aún en fase de debate, se espera que durante 2026 se concreten propuestas con potencial impacto estructural para las empresas que operan en varios Estados miembros. En este contexto, el asesoramiento legal especializado se vuelve imprescindible para garantizar un cumplimiento adecuado y eficaz de las nuevas obligaciones normativas. La correcta interpretación de los requisitos legales, la adaptación de las estructuras de gobierno y la implantación de sistemas internos de cumplimiento requieren un enfoque técnico y preventivo que permita minimizar riesgos legales, sancionadores y reputacionales, y alinear la estrategia empresarial con un marco regulatorio cada vez más €complejo y exigente.
